miércoles, 8 de junio de 2016

Abogado califica de parcial expediente acusatorio de caso OISOE

i0000cfay7fj67ewjpg.jpgSANTO DOMINGO, República Dominicana.-
Uno de los abogados de la defensa del caso contra la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Morillo, calificó de parcial la acusación interpuesta por la Procuraduría Especializada en Contra de la Corrupción Administrativa (PEPCA)
.
Morillo calificó de absurdo que dos de los supuestos principales cabecillas de la red del entramado de extorsión, asociación de malhechores y prevaricación que existía en la entidad gubernamental en contra de varios contratistas del Estado, no hayan sido incluidos en dicha acusación.
Refiriéndose a los ingenieros Miguel Pimentel Kareh y José Florencio, ex director y ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de la acusación de presuntos actos de corrupción en esa institución, aseveró que en reiteradas ocasiones fueron señalados en las investigaciones.
Cuestionó que a pesar de ellos, se han desligado simplemente del expediente de manera unánime y arbitraria sin conocimiento de un juez o de una intervención previa, y sin ser llevados a un juicio de fondo.
“Ellos fueron mencionado por uno de los imputados ni siquiera por la sociedad o por presunción de los hechos; sin embargo su participación es verídica hasta tanto que un juez no demuestre lo contrario”, dijo Miguel Morillo.
El jurista denunció que esto es muestra de que el PEPCA y su titular Laura Guerrero Petellier, pactaron de manera directa con los principales ejecutivos de la OISOE sin esperar la decisión de un juez.
“Aparentemente hubo un beneficio económico para la magistrada o alguna influencia directa de parte del gobierno que ejerció presión para desmontarlos del sonado caso”, expresó.
Morillo, profesional del derecho, informó que solicitará al Juzgado de Atención Permanente la reintegración y que el abogado de la defensa de la familia del Arquitecto Rodríguez García, Miguel Surun Hernández, debe apelar esta decisión en un plazo máximo de 5 días.
“Es un juez que tiene que desligarlo de este expediente y no una Procuradora que actúa como un instrumento del favoritismo y autoritarismo”, apuntó.

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